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En la isla de Pemba, en Tanzania, un grupo de mujeres ha empezado a hacer algo que su comunidad nunca esperó de ellas: patrullar el mar. Amina Gharib Issa, de 55 años, lleva años pescando en estas aguas. Ahora, ella y otras mujeres hacen cumplir las normas de conservación marina en un esfuerzo comunitario para proteger unas poblaciones de peces en colapso, sin esperar al gobierno, sin ONG extranjeras dirigiendo el asunto y sin pedir permiso a nadie.

Esta no es una historia de conservación en el sentido habitual. Es la historia de lo que ocurre cuando las personas más cercanas a un recurso —las que lo pescan, lo cocinan, lo venden— deciden que las estructuras formales diseñadas para protegerlo han fracasado y que ellas mismas harán el trabajo. Las mujeres de Pemba no son activistas medioambientales según ningún molde occidental reconocible. Son pescadoras y comerciantes que vieron cómo sus medios de vida se reducían y decidieron actuar.

Las áreas marinas gestionadas por comunidades no son algo nuevo. Madagascar, Filipinas y partes de Indonesia han experimentado con ellas durante décadas. Lo que hace notable a Pemba es la inversión de género. En las comunidades costeras de África Oriental, el mar está codificado en masculino: los hombres pescan, los hombres patrullan, los hombres deciden sobre el acceso. Las mujeres procesan y venden. Las patrullas de Pemba rompen esa división no por ideología, sino por pragmatismo: las mujeres ya estaban en el agua, ya entendían los ritmos de la sobrepesca y ya tenían las redes sociales necesarias para hacer cumplir las normas de manera informal.

El aparato formal de protección marina en Tanzania está estirado hasta lo imposible. La costa del país se extiende a lo largo de más de 1.400 kilómetros, salpicada de islas, canales de manglares y sistemas de coral. Los buques de vigilancia estatal son escasos y están infrafinanciados. La pesca ilegal con arrastre, la pesca con dinamita y el uso de redes de malla fina que capturan peces juveniles han degradado los arrecifes de Pemba durante años. Las patrullas de las mujeres llenan un vacío que ninguna partida presupuestaria ministerial iba a cubrir jamás.

Hay un patrón más amplio aquí. En todo el océano Índico occidental, desde el archipiélago de Lamu en Kenia hasta las Quirimbas en Mozambique, las comunidades están descubriendo que la gobernanza marina de abajo hacia arriba a menudo supera a la regulación de arriba hacia abajo, no porque las comunidades sean inherentemente más sabias, sino porque tienen algo de lo que carecen los reguladores distantes: presencia constante. Un barco patrulla de Dar es Salaam pasa de vez en cuando. Una mujer que vive en la orilla lo ve todo, todos los días.

El riesgo, como siempre con la conservación liderada por comunidades, es la sostenibilidad. Las patrullas voluntarias dependen de la cohesión social, que a su vez depende de resultados visibles. Si las poblaciones de peces no se recuperan de forma visible en unas pocas temporadas, la motivación se erosiona. Y si las presiones comerciales —de arrastreros extranjeros que operan justo fuera de las zonas comunitarias, de intermediarios que compran sin importar cómo se obtuvo la captura— permanecen inalteradas, la vigilancia local se convierte en poner un dedo en el dique.

Pero la señal no es si las mujeres de Pemba salvarán el océano Índico. Es sobre un modelo de gobernanza que está emergiendo desde el Sur Global, en la pesca, en la silvicultura, en la gestión del agua: las personas que dependen del recurso se convierten en sus reguladoras, porque nadie más apareció.

Fuente: Mongabay · 28 de junio de 2026